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martes, enero 18, 2022

Preocupación de Adepa por la intimación judicial al periodista Santiago O’Donnell

Preocupación de Adepa por la intimación judicial al periodista Santiago O’Donnell
Preocupación de Adepa por la intimación judicial al periodista Santiago O’Donnell

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) reafirma su preocupación por la intimación judicial al periodista Santiago O’Donnell, a quien se le exige la entrega íntegra de las grabaciones que realizó a Mariano Macri para la elaboración del libro “Hermano”.

Como ya lo expresó Adepa, dicho requerimiento constituye una afectación del secreto periodístico en lo que respecta a la búsqueda y recolección de información, así como a las técnicas y procedimientos aplicados por el periodista con ese fin.

La garantía de secreto e inviolabilidad del ejercicio periodístico debe resguardar también a los materiales, anotaciones, borradores, comentarios, datos y otros elementos elaborados u obtenidos por el periodista a lo largo del proceso de investigación, con independencia de que exista o no una fuente involucrada. El desconocimiento de esta garantía es incompatible con el ejercicio de un periodismo libre y vigoroso.

Exigir el acceso a los materiales, borradores o procedimientos desarrollados por el periodista en la etapa de elaboración de la nota limita y obtura la libertad en la elaboración del trabajo periodístico, pues inhibe la libre formulación de hipótesis, valoraciones, análisis o comentarios que forman parte de la tarea profesional, y por ende desincentiva el ejercicio de la investigación.

Sin ese ámbito de confidencialidad, las publicaciones periodísticas no podrían estar precedidas por una elaboración libre y rica en posibilidades que luego serán plasmadas o descartadas en el trabajo que se da a conocer. De esta manera, la intimación judicial contra el periodista Santiago O’Donnell resulta incompatible con los artículos 14, 32 y 43 de la Constitución Nacional y con el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. También vulnera el punto 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión aprobada en 2000 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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