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miércoles, enero 19, 2022

Los proyectos con impacto en la economía que el Congreso prevé tratar en el corto plazo

El Congreso espera que pasen las elecciones que se celebran hoy para retomar a toda marcha la actividad legislativa. Durante estos meses de campaña y de falta de acuerdo entre los bloques para sesionar se acumuló una larga lista de pendientes que esperan ver la luz en las próximas semanas. En lo que a la materia económica se refiere, el listado incluye temas como el presupuesto 2022 de la administración pública, el acuerdo del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la prórroga del régimen de blanqueo para la actividad de la construcción y una ley de gestión de envases que contempla a los recicladores y que dispone determinadas obligaciones para las empresas.

Si se prolongan las sesiones ordinarias del Congreso hasta el recambio del 10 de diciembre, tal como calculan altas fuentes parlamentarias del oficialismo, los legisladores tendrán apenas 16 días hábiles para intentar saldar todas sus deudas. Con la renovación de las cámaras y una nueva distribución de las fuerzas políticas, la historia será otra. Y si bien muchos de los temas que no lleguen a tratarse podrían ser incluidos en sesiones extraordinarias –principalmente, los impulsados por el Gobierno, que es el que fija la agenda en esa convocatoria–, es difícil trazar una proyección certera hasta que se conozcan los resultados de las urnas.

La agenda más urgente

Claramente, la prioridad número uno es el presupuesto 2022. El proyecto ingresó el 15 de septiembre, en medio de las manifestaciones que tuvo la fuerte crisis interna del Gobierno tras su derrota en las PASO. Pero todavía no comenzó a tratarse ni hubo una presentación formal ante los diputados. El texto proyecta un dólar a $131,10 para fines de 2022; una inflación de 33% en todo el año y un crecimiento de la economía del 4%. Además, descuenta que habrá acuerdo con el FMI, incluye una baja del déficit fiscal hasta el 3,3% del PBI y un recorte de subsidios energéticos sobre la base de un plan de segmentación de tarifas.

Las proyecciones del ministro de Economía, Martín Guzmán, cosecharon una buena cantidad de críticas, incluso en las propias filas del Frente de Todos (FdT) por la cuestión de las tarifas. Como consecuencia de los desacuerdos, en los últimos dos meses las principales espadas del FdT se reunieron con gobernadores, ministros de Economía y Hacienda provinciales y con referentes territoriales, de quienes recibieron pedidos. Y ya habrían avanzado en la redacción de un borrador de dictamen que incluye más cambios que las 32 modificaciones a artículos que hubo en 2020.

“Más allá del resultado electoral, el presupuesto debe ser lo más realista posible y contemplar las necesidades de las provincias. Debe buscar un consenso respecto de las prioridades para el año que viene y, en ese sentido, se construye en acuerdo con los gobernadores y el Ejecutivo Nacional. Nos reunimos con representantes de Misiones, La Rioja, Neuquén y Salta y va a haber las modificaciones que sean necesarias y que siempre tienen este tipo de proyectos”, dijo a la nacion la vicepresidenta del bloque del FdT, Cecilia Moreau.

Entre las reformas al texto figuran los pedidos de los misioneros, que insisten con la creación de un área aduanera especial para la frontera con Brasil y Paraguay, y con la incorporación de un fondo de cambio climático 2050 para la preservación de la selva paranaense. Los neuquinos reclaman una partida especial para el mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), que es la principal proveedora de las centrales nucleares del país. Los salteños quieren más fondos para su universidad nacional y los entrerrianos piden más subsidios al transporte público para el interior. A estas solicitudes se sumarían otras de fondos para las cajas jubilatorias provinciales y de obras de infraestructura vial, energética y sanitaria. Todo es parte de la negociación política que el FdT encara con los partidos provinciales, para lograr el quórum y la aprobación de la ley de gastos.

Por su parte, los legisladores de Juntos por el Cambio (JxC) aún no fueron convocados para considerar el tema. El vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina, dijo a LA NACION: “No hemos tenido diálogo con el oficialismo. Estamos esperando que ellos se pongan de acuerdo hacia adentro para ver qué posición tomar”.

No obstante, opinó que “las pautas generales son bastante irreales y fantasiosas, en particular la que indica que la inflación va a ser del 33%, dado que en los últimos meses el índice de precios se está acelerando”. Además, desde el bloque objetarán prórrogas que involucran a algunos impuestos, como retenciones y Bienes Personales.

Desde el oficialismo anticipan que el objetivo es abrir el debate esta misma semana con la exposición de Guzmán y, tras un par de reuniones informativas en la Comisión de Presupuesto que preside Carlos Heller (FdT), firmar el dictamen. La meta de máxima sería lograr la votación en Diputados en los últimos días de noviembre, para que el Senado pueda darle la sanción definitiva antes del recambio del 10 de diciembre.

El FMI y la actividad económica

Según cómo avancen las negociaciones con el FMI (otro tema en el que el oficialismo mostró diferencias internas), podría colarse en la agenda del verano el proyecto de ley para que el Congreso avale el nuevo acuerdo que se prevé que habrá con el organismo internacional. La fecha límite es marzo de 2022, cuando vence una cuota de capital por US$4800 millones. El debate parlamentario busca que lo que se pacte tenga el aval de la mayoría de los bloques.

Por otra parte, hay un paquete de iniciativas del Poder Ejecutivo que están centradas en los sectores productivos que se considera que son de mayor potencial; tienen como eje central el incentivo a las inversiones, las exportaciones y la generación de empleo. El Senado ya inició el debate del proyecto de promoción de inversiones hidrocarburíferas, con la exposición del Secretario de Energía, Darío Martínez y funcionarios de su equipo. Se espera que en los próximos días desfilen gobernadores, sindicalistas, empresarios y técnicos. En tanto, senadores del oficialismo y funcionarios del área energética trabajan a contra reloj en la introducción de modificaciones al texto para que pueda ser aprobado antes del recambio. Según fuentes del oficialismo, habría acuerdo para dar vía libre a que se permita el almacenamiento subterráneo de gas y para ampliar la autoridad de aplicación a las provincias. Se analiza también modificar la línea de base a partir de la cual se medirá la producción incremental de hidrocarburos que gozará de los incentivos.

También están pendientes dos iniciativas impulsadas por el Ministerio de Desarrollo Productivo, que lidera Matías Kulfas. Una se refiere a un marco regulatorio para la cadena de producción, industrialización y comercialización del cannabis y el cáñamo industrial, con vistas a satisfacer el mercado local y generar exportaciones por US$50 millones. Ya tiene media sanción del Senado, donde se incorporó una modificación para garantizar la despenalización del cannabis medicinal para uso terapéutico y/o paliativo del dolor. La reclaman los gobernadores de San Juan y Jujuy, entre otros.

La otra iniciativa es la de promoción de las inversiones en la industria automotriz y autopartista, que aún no empezó a tratarse en Diputados. El texto declara a esa industria como estratégica para el país, crea un régimen de promoción y un programa de fomento a nuevas inversiones. También funda el Instituto de la Movilidad con el objeto, según expresa el proyecto, de fomentar un ecosistema productivo sustentable. Como beneficios otorga la devolución anticipada del IVA, la amortización acelerada de Ganancias y derechos de exportación del 0% hasta diciembre de 2031.

El jueves último, el Poder Ejecutivo envió a Diputados el proyecto de ley de “fomento al desarrollo agroindustrial federal, inclusivo, sustentable y exportador”. Busca crear un registro nacional y un sistema de promoción con el que se pretende aumentar en US$40.000 millones las exportaciones de bienes y servicios aplicando incentivos fiscales e impositivos. Lo impulsa el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA).

Además de esos proyectos, se espera que el Gobierno gire al Congreso el de actualización de la Ley de Compre Nacional, que ya anunció.

La “listita” de los consensuados

Más allá de la “ley de leyes” (el presupuesto), los legisladores vienen trabajando durante este año una larga lista de temas que esperan llevar al recinto antes del 10 de diciembre. La encabezan dos iniciativas que ya tienen sanción por parte del Senado y ahora se buscará que se conviertan en leyes. Por un lado, está la prórroga hasta noviembre de 2025 de la Ley de Emergencia Territorial Indígena: el régimen actual vence el 23 de este mes y con la extensión de la vigencia se busca evitar desalojos hasta que finalice el relevamiento catastral.

También está el proyecto para subir el mínimo no imponible del impuesto a los Bienes Personales, una iniciativa del cordobés Carlos Caserio (FdT), ya votada en el Senado, que es vista con buenos ojos por el massismo en Diputados y por los legisladores de la oposición. “La suba del mínimo no imponible nos parece correcta; habrá que evaluar cuando se trate es si es suficiente”, dijo Laspina. De aprobarse la ley, pagarán ese tributo las personas que posean bienes cuyo valor, según las valuaciones establecidas, sea igual o mayor a $6 millones. Actualmente el monto es de $2 millones, que es el que se fijó para 2019 (para el ejercicio fiscal 2020 no hubo ninguna modificación de la cifra, pese a la inflación). En el caso de inmuebles destinados a la vivienda se llevará la cifra libre del impuesto de $18 millones a $30 millones.

Una de las grandes apuestas del FdT para lo que queda del año es la aprobación de la ley “de gestión de envases con inclusión social”, promovida por pesos pesados de la coalición de gobierno: el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, su viceministro, el massista Sergio Federovisky, y Máximo Kirchner, en colaboración con cartoneros y recicladores vinculados a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que lidera Juan Grabois. “Queremos tratarla este año porque es clave para la generación de puestos de empleo para los recuperadores y porque las cuestiones ambientales son urgentes”, afirmó Moreau.

El proyecto, según sus impulsores, apunta a reducir el impacto de los envases en el ambiente y promueve la responsabilidad extendida de los productores en la gestión. Busca crear una tasa ambiental no superior al 3% del precio mayorista de los envases, que fondeará un fideicomiso a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Se prevé disponer que el dinero financie sistemas de gestión integral que estén a cargo de los municipios y que incluyan a recicladores.

Por otra parte, para no volver a foja cero, espera lograr la media sanción antes del recambio –el 10 de diciembre se caen todos los dictámenes– un proyecto acordado entre el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, para prorrogar la vigencia del Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y acceso a la Vivienda, sancionada en marzo, que otorga beneficios fiscales para el desarrollo de proyectos inmobiliarios o la inversión en ellos. El texto original extiende el régimen por 90 días, pero hay acuerdo entre los bloques para modificarlo en el recinto de y dejarlo vigente por todo 2022. Se trata de una medida que reclaman fuertemente los empresarios del sector.

Desde la oposición, el lavagnismo busca terminar el trámite en comisión y enviar al recinto un proyecto impulsado por la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal) para crear un “área marina protegida bentónica” en la zona conocida como Agujero Azul, una región de alta productividad primaria del talud continental, donde yace el ARA San Juan y su tripulación. La iniciativa, que busca generar beneficios ambientales y preservar los recursos pesqueros, encuentra una fuerte resistencia por parte de la Coalición Cívica que reclama un mayor resguardo de la extensión. Es que hay un acuerdo para reformar el texto original, con el objetivo de dejar fuera de la zona de protección a 19 áreas petroleras licitadas durante el macrismo para la exploración energética y otras 4 para la pesca de arrastre. Tiene el aval de Cancillería y del bloque oficialista.

Finalmente, JxC, con el apoyo del Interbloque Federal, insistirá para derogar la ley de alquileres. Hay varios proyectos vigentes del PRO: uno, encabezado por Alberto Asseff que propone derogar la ley. Otro, del porteño Álvaro González, busca modificar dos puntos clave: las actualizaciones del precio de los alquileres por un índice y el plazo mínimo de los contratos. Y un tercero, de Laspina, para generar un mecanismo de incentivos para la construcción de viviendas destinadas al alquiler.

Hay otros proyectos pendientes. Entre ellos, uno que busca disponer la prohibición de asistencia financiera del Estado a personas o sociedades con activos offshore en paraísos fiscales, otro, que promueve la declaración de internet y las TIC como servicios públicos esenciales, y uno sobre la gestión de los neumáticos fuera de uso. Y están las iniciativas para la protección de humedales y para la creación de comités mixtos laborales en las empresas.

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