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lunes, mayo 16, 2022

La otra tragedia escolar. Los colegios de educación especial están en riesgo y sus dueños se hipotecan para salvarlos

Santiago tiene 17 años y nació con un retraso madurativo. Él se educa en una escuela especial de gestión privada y hace tres años pasó dos meses sin poder asistir a clases por el enredo de trámites, papeles y documentación que le solicitaba la obra social para otorgarle esa prestación. “¿Por qué no lo mandas a una escuela pública?”, le preguntó un empleado de la obra social a Laura Schwindt, la madre de Santiago. “Las escuelas públicas, no es que sean malas, pero mi hijo necesita mucha atención, y en las del Estado hay muchos chicos por cada docente”, se lamenta Schwindt, en una entrevista con LA NACION.

Ella peleó contra una estructura que amenazaba con quitarle a su hijo la posibilidad de cursar en un lugar que lo ayudó a desarrollarse como nunca antes: “Fueron dos meses de lucha hasta que amenacé con presentar un amparo y ahí la situación se destrabó”, recuerda Schwindt.

Las escuelas de educación especial, como también sucede con los transportistas que trasladan a esos estudiantes, dicen estar al borde del colapso económico. Señalan que el motivo central de esta crisis es el modo y el monto que cobran por los servicios.

El sistema establecido entre la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS) y el ministerio de Salud les da a las obras sociales hasta 60 días para elevar una carpeta de facturación, y luego la SSS tiene 30 días más para hacer la liquidación del pago. Es decir, que en el mejor de los casos un prestador cobra tres meses después. Y, como un nudo que termina de ajustar la soga al cuello, los aranceles que cobran se definen a través de una resolución entre varios actores del sistema y, aseguran, están muy por debajo del valor real del aumento de los servicios y no se actualizan ágilmente.

A FONDO, entrevista familias cuyos hijos van a una escuela de educación especial.
Laura Schwingt junto a su hijo Santiago de 17 años.

Laura Schwingt junto a su hijo Santiago de 17 años, él tiene un retraso madurativo y estudia en Aprendizaje Reeducativo para la Escolaridad y la Adaptación, una escuela especial de gestión privada y hace tres años estuvo durante dos meses sin poder asistir a clases por el laberinto burocrático que le impuso su obra social (Santiago Filipuzzi/)

Esta dinámica para efectuar los pagos deja a los dueños de las escuelas en una situación límite. Muchos piden dinero prestado para mantener a la institución funcionando. Hay casos, como el de César Tisera, dueño de la escuela Tiempo de Crecer, en Almirante Brown, que tuvo que vender su auto, hipotecar la escuela y su casa para poder pagar sueldos.

Desde las obras sociales cuestionan que sean ellos quienes tengan que pagar la educación y el transporte de los chicos. Fuentes que tienen una gran representación en el sector consideran que esas dos prestaciones no tienen que ver con la asistencia médica. Señalan que la discusión de fondo es si las obras sociales debería hacerse cargo, o no, de dichas prestaciones que, agregan, se llevan buena parte de lo que se gasta en discapacidad. Además, resaltan que, por ejemplo, el servicio de transporte que se paga por kilómetro es muy difícil de auditar y suele haber grandes irregularidades.

Además de los problemas financieros, está la odisea de los padres para conseguir la autorización de esos servicios, tal como relató Schwindt. En el caso de las escuelas especiales, el laberinto empieza cuando los padres quieren inscribir a sus hijos. Para hacerlo, necesitan un Certificado Único de Discapacidad (CUD), la derivación del médico de cabecera a la escolaridad especial, la autorización de prácticas según el instructivo de cada obra social y la evaluación de una junta médica por parte de la obra social. Todo esto puede demorar meses porque en muchas entidades falta personal. También es común que surja un error inesperado o que el expediente se extravíe y todo deba comenzar desde cero.

Cada obra social es un mundo. Algunas exigen la presentación de los papeles vía web, otras por mail y en algunos casos hay que presentar personalmente la carpeta. Además, cada una tiene su propio instructivo para alcanzar la autorización de prácticas, pero sucede que en ese instructivo muchas veces no se contemplan o no especifican algunas situaciones, entonces suele pasar que los padres se enteran a último momento de que necesitan hacer un nuevo trámite. Y todos los años la historia se repite porque, a pesar de que el alumno ya esté cursando, muchos trámites se deben realizar anualmente.

“Con la pandemia, la maquinaria de las obras sociales se puso prácticamente en pausa y todo fue aún peor, pero de todos modos el problema es estructural. Hay obras sociales que realmente piden requisitos imposibles, como planillas que deben ser firmadas infinitas veces por los padres. Hay que unificar los requisitos que se piden y los trámites a seguir porque hoy hay un enorme universo de obras sociales, cada una tiene su manual y no hay una reglamentación en la ley de discapacidad que indique qué te pueden pedir y que no las obras sociales”, se lamenta Gustavo Drag, representante legal de Aprendizaje Reeducativo para la Escolaridad y la Adaptación (AREA), una escuela privada de educación especial ubicada en Olivos, provincia de Buenos Aires.

Norberto Massera, Laura Schwindt y Flavia Martínez, todos padres de chicos con una discapacidad

Norberto Massera, Laura Schwindt y Flavia Martínez, todos padres de chicos con una discapacidad

(Santiago Filipuzzi/)

La crisis económica que atraviesa el sector no solo hace que los dueños de escuelas especiales tengan que hacer malabares para pagar los sueldos y los servicios que ofrecen, sino que su consecuencia es que los chicos tengan cada vez menos actividades y las escuelas ofrezcan menos becas para aquellos que no cuentan con una obra social.

“Por el contrato que firmamos todas las escuelas con la Agencia Nacional de Discapacidad, no podemos brindar servicios pagos por fuera de la cuota establecida, por lo que las escuelas pierden la posibilidad de ofrecer algún deporte o de planificar un campamento con los estudiantes porque no podríamos afrontar ese gasto con lo que recibimos de las cuotas mensuales. Sí se cobra extra por el servicio de comedor, hoy nos están pagado 300 pesos por almuerzo, un valor bajísimo si se tiene en cuenta no solo el precio de los alimentos, sino también el personal del que nosotros debemos disponer para ofrecer ese servicio”, describe Drag.

Estas escuelas se dividen en tres categorías: A, B y C. Esa categorización sobre todo está vinculada a cuestiones edilicias. Para el nivel inicial y la primaria de jornada simple, las escuelas de categoría A cobran por la cuota mensual $41.000. Para las de jornada completa ese valor asciende a $81.000. En cuanto a los centros de formación laboral, los de jornada simple pueden cobrar $41.000 y los de jornada doble, $75.000.

“Actualmente todo el sistema de prestaciones básicas, es decir, escuelas de educación especial, centros de día, centros educativos terapéuticos, hogares, centros de estimulación temprana, equipos de inclusión, entre otros, se encuentran en una situación de ahogo económico y financiero. En los últimos años se produjo un importante atraso en el incremento de los valores que pagan por las prestaciones que a la fecha no ha sido posible subsanar. Además, este tipo de escuelas tienen, en promedio, un docente cada ocho alumnos para que puedan enfocarse en sus intereses y posibilidades, y a eso se le suma un equipo de conducción profesional, un gabinete psicopedagógico, psicomotricistatas, fonoaudiólogos, entre muchos otros especialistas”, resalta Carlos Muñoz, presidente de la Asociación de Institutos Educativos Especiales Argentinos.

Muñoz lamenta que actualmente no existe un mecanismo que incremente de forma ágil los valores del nomenclador. Señala que la actualización de los aranceles depende de decisiones políticas que no siempre atienden estos temas.

Norberto Massera, Laura Schwindt y Flavia Martínez, todos padres de chicos con una discapacidad, junto a Santiago, el hijo de Schwindt

Norberto Massera, Laura Schwindt y Flavia Martínez, todos padres de chicos con una discapacidad, junto a Santiago, el hijo de Schwindt
(Santiago Filipuzzi/)

Fuentes de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), explicaron a LA NACION que el sistema tiene más de 30 años y advierten que es necesario revisarlo para poder garantizar su continuidad y sustentabilidad, sin que eso signifique que las personas con discapacidad pierdan las prestaciones que requieren.

“Por ello, venimos dialogando y pensando alternativas con los organismos públicos que integramos el directorio de prestaciones básicas. La tarea de estos primeros años de gestión fue recuperar el valor de los aranceles, que el año pasado alcanzaron un incremento del 78,35%. Este año seguiremos acompañando al sector para que los valores no pierdan en relación a la inflación. También profundizaremos el estudio de todas las cuestiones necesarias para que podamos asegurar el funcionamiento y el financiamiento de un sistema que es imprescindible para miles de personas”, indicaron desde la ANDIS.

LA NACION también contactó a la Superintendencia de Servicios de Salud y al ministerio de Educación de la Nación para transmitirles consultas sobre cuál es su evaluación de sobre esta crisis y evaluar soluciones, pero no dieron respuesta.

“El remisero me dijo que no iba a poder llevar más a mi hijo”

Este sistema no solo hace que los chicos no puedan gozar de algunas actividades dentro de la escuela por falta de fondos, sino que complejiza todos los movimientos de los alumnos.

Flavia Martínez es la mamá de Lautaro, de 17 años, que tiene un problema psiquiátrico y estudia en AREA. Una tarde, a ella la llamó el remisero que transportaba a su hijo todos los días a la escuela para decirle que iba a tener que interrumpir el servicio.

“Recibí un llamado y me dijo que la obra social no le pagaba los viajes hace cuatro meses, por lo que se le hacía insostenible seguir prestando el servicio. A raíz de las interrupciones constantes en el transporte de Lautaro por este tipo de motivos, le enseñé a viajar en colectivo. Pero bueno, que viaje solo no me deja del todo tranquila”, sostiene Martínez.

El año pasado, durante casi todo el mes de septiembre, los transportistas hicieron un acampe frente a la Casa Rosada y entregaron 24 petitorios solicitándole una audiencia al presidente, Alberto Fernández, pero nadie los recibió.

La semana pasada se realizó una asamblea nacional de manera virtual en donde participaron más de 60 personas, entre familias, referentes y prestadores de servicios. Allí se decidió convocar una movilización nacional para pasado mañana con una extensa lista de reclamos, entre ellos el aumento de los aranceles.

“Nosotros cobramos por kilómetro y el valor lo establece la Agencia Nacional de Discapacidad que, en parte, depende de la Superintendencia de Servicios de la Salud. Hoy estamos cobrando 54 pesos el kilómetro cuando el litro de nafta está a 140, sin mencionar que los vehículos requieren de mantenimiento y pagamos seguros muy altos porque estamos habilitados para llevar chicos con discapacidad. Y a todo esto se suma que cobramos a los dos o tres meses. Esto lo que logró es que desaparezcan buena parte de los transportistas y a los padres ahora se les hace muy difícil conseguir a alguien que traslade a sus hijos. La situación es insostenible”, describe Daniel Masuzzo presidente de la Unión de Transportistas de Buenos Aires.

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